Affordable Housing Myths and Realities

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MYTH: Affordable housing developers choose to use the LA County Median Income of $82,000 a year to determine rent affordability.

REALITY: Affordable housing developers don’t choose the LA County Median Income to assess rent affordability; it is set by the federal government.*

MYTH: The minimum annual household income to qualify for affordable housing is $24,840.

REALITY: Families with an income of less than $24,840 a year have qualified for housing in many developments. For example, applying for a home designated for families with an income at 30% of the Area Median Income must earn more than 2.5 times the cost of monthly rent to qualify for that affordable housing unit. If the unit costs $500 a month, the minimum gross monthly household income must be at least $1,250 ($15,000 annually) to qualify.

Myth: Affordable housing increases crime.

REALITY: There is no correlation between safe, decent, affordable housing and crime. What does cause crime is disinvestment, overcrowding, and lack of jobs and community services. Failure to build affordable housing leads to slum conditions, overcrowding, absentee ownership, and deteriorating properties with no alternatives for low-income families. Affordable housing also produces construction jobs and a variety of permanent jobs depending on the project.

Myth: Affordable housing produces more traffic.

REALITY: Building affordable housing near jobs supports public transit use, shortens commutes, and eases congestion. In fact, data shows lower income households use public transit more often, which alleviates traffic and parking needs. Workers annually earning under $35,000 make up nearly 95% of all users who take public transportation to work (American Community Survey, 2013). Higher income households drive more than twice as many miles and own more than twice as many vehicles as Extremely Low-Income households living within 1/4 mile of transit (CHPC TRANSFORMCA, May 2014).

MYTH: Affordable housing overburdens public schools and neighborhood infrastructures.

REALITY: Infrastructure costs per housing unit decline significantly as density increases; and with greater family stability from access to affordable housing, public schools benefit from improved academic performance and test scores. Affordable housing developers pay school and other impact fees, such as construction tax.

*http://www.hacola.org/public-housing/am-i-eligible

Español

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MITO: Los constructores de vivienda económica prefieren usar el Ingreso Medio del Condado de LA que es de $82,000 por año para determinar lo que es un alquiler razonable.

REALIDAD: Los constructores de vivienda económica no escogen el Ingreso Medio del Condado de LA para determinar lo que es un alquiler razonable, sino que el gobierno federal es el que determina eso.

MITO: El ingreso mínimo anual por familia para tener derecho a una vivienda económica es de $24,840.

REALIDAD: Familias con ingresos anuales menos de $24,840 han calificado para vivienda en varios desarrollos. Un hogar aplicando para vivienda económica designada para familias con ingresos al 30% de los Ingresos Medios del Área debe ganar más de 2.5 veces la cantidad de renta mensual para la unidad. Por ejemplo, si la unidad cuesta $500 al mes, el ingreso bruto mensual mínimo del hogar debe ser $1,250 para calificar ($15,000 al año).

MITO: La existencia de vivienda económica incrementa la criminalidad.

REALIDAD: No existe una correlación entre la vivienda segura, digna y económica y la criminalidad. Lo que sí causa la delincuencia es la ausencia de inversión económica, hacinamiento residencial y la falta de empleos y servicios comunitarios. La falta de vivienda económica lleva a la existencia viviendas precarias, propietarios ausentistas y el deterioro de propiedades sin alternativas para familias de bajos ingresos. La vivienda económica también genera empleos en la construcción y una variedad de empleos permanentes, dependiendo del proyecto.

MITO: La existencia de vivienda económica crea más tráfico.

REALIDAD: La construcción de vivienda económica cerca de los empleos promueve el uso del transporte público, reduce el tiempo de traslado de ida y vuelta al trabajo, y reduce la congestión. De hecho, los datos demuestran que las familias de bajos ingresos usan el transporte público con mayor frecuencia, lo cual reduce el tráfico y la necesidad de estacionamiento. Los trabajadores que ganan anualmente menos de $35,000 componen casi el 95% de todos los que usan el transporte público para llegar al trabajo (American Community Survey, 2013). Las familias que tienen mayores ingresos manejan más del doble de millas y son dueños de más del doble de vehículos que las familias de ingresos muy bajos que viven dentro de una milla de los medios de transporte público (CHPC TRANSFORMCA, Mayo 2014).

MITO: La existencia de vivienda económica representa una carga excesiva para las escuelas públicas y la infraestructura de la vecindad.

REALIDAD: Los costos infraestructurales por unidad disminuyen bastante a medida que aumenta el número de viviendas; y al dar mayor estabilidad económica a las familias con el acceso a la vivienda, las escuelas públicas se benefician del mejor el rendimiento académico de los alumnos y los resultados en las pruebas. Los constructores de viviendas económicas pagan cuotas para la educación y otros impactos, tales como impuestos sobre la construcción.

*http://www.hacola.org/public-housing/am-i-eligible


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